l

Con los años acabé por entender algo de leyes, a pesar de dedicarme profesionalmente a las ciencias. Aprendí a distinguir entre lo indeterminado y lo arbitrario. Una indeterminación jurídica es algo no deseable, pero válido y frecuente. El juez siempre tendrá vías de concretar lo no concretado recurriendo a consulta de expertos o al sentir ciudadano. Por ejemplo,…”si se produce un daño significativo”

Una ventana a la arbitrariedad, sin embargo, es algo que una ley debe evitar a toda costa, pues no hay modo de concretar lo que pretende la norma,, sino que quedará a criterio del titular de la resolución. Por ejemplo: “… no se podrá construir si perjudica a la comunidad a juicio del Ayuntamiento.” Dicho juicio queda liberado, no se fijan criterios, ni siquiera se le exige una resolución razonada. En definitiva, se abre la puerta a la arbitrariedad, una temible arma política ante la que todo ciudadano queda indefenso..

Por absurdo que parezca, un análisis detallado de nuestra legislación revelará que está minada de clausulas que habilitan las arbitrariedades. Y esto no puede ser el resultado de mera chapuza. Cabe sospechar que dichas cláusulas se han sembrado estratégicamente para ser usadas como arma política. Quizás todo ello tenga su origen en el hecho de que la mayoría de nuestras leyes las prepara el poder ejecutivo antes de ser remitidas al legislativo. La tentación de dotarse de un instrumento tan contundente para castigar o premiar a voluntad es ciertamente poco democrática, pero muy humana. Y la cosa ha de venir de bien lejos, como para haber hecho mella en nuestro nuestro refranero: “Al enemigo, la Ley”.

En este mismo contexto me viene al recuerdo un texto de Eduardo García de Enterría que leí hace años: “La Lucha contra las inmunidades del poder”. Es breve. Lo recomiendo.